¿Bajo que argumento pretenden detener a Lucía Morett?

México a 21 de julio de 2009.

Es un hecho sin precedentes que un asesino confeso (por muy gobierno que sea) solicite ahora la detención de la única víctima que logro, milagrosamente, sobrevivir a una de sus orgías de sangre. El cinismo en su máxima expresión es lo que caracteriza hoy en día al gobierno del asesino Álvaro Uribe, quien pide la detención de la mexicana Lucía Morett, una de las dos sobrevivientes al bombardeo del 1° de marzo de 2008 en Sucumbíos, Ecuador. De la misma manera queda de manifiesto la penosa complicidad del gobierno mexicano y el estado de indefensión en que nos encontramos los habitantes de este país ante un Estado incapaz de defender nuestros mínimos derechos. Aquí un breve recuento.

El 1° de Marzo de 2008 el gobierno colombiano de Álvaro Uribe bombardeó un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, campamento incapaz de poner la menor resistencia ante la brutalidad del ataque y la desigualdad de fuerzas. Dicho bombardeo se realizó sin previo aviso o intento de rendición del campamento rebelde y en un ataque supraterritorial del gobierno colombiano, en una incursión en territorio ecuatoriano que violentó el derecho internacional y que fue condenada de manera prácticamente unánime por la opinión pública internacional.

Es importante mencionar que, al margen de la opinión que cada persona pueda tener del conflicto colombiano y la cada día más larga guerra de exterminio de los gobiernos pro yanquis en contra de la resistencia, es de todos reconocido el papel diplomático que desempeñaba en el conflicto, el en ese entonces segundo mando en importancia de las FARC-EP y principal objetivo del ataque en Sucumbíos, Raúl Reyes. Era uno de los pilares en la estrategia farquiana para tratar de dar curso a la palabra en la búsqueda de la solución del conflicto y no solamente apostarle a la fuerza de las balas o a la brutalidad de la guerra, como sí lo ha hecho el gobierno uribista.

En ese sentido, Raúl Reyes se entrevistó a lo largo de su vida con importantes personalidades de diferentes nacionalidades y tendencias políticas para exponer su versión de la guerra en Colombia, la cual es callada por otros medios de comunicación con fuerte tendencia a la defensa de las oligarquías y a acallar cualquier voz discordante.

Es natural que, si un grupo de jóvenes universitarios buscaran información de todas las fuentes posibles sobre el conflicto en Colombia, buscarán también conocer la voz de la guerrilla y en ese sentido es natural también la entrevista con Raúl Reyes. Hasta el día de hoy nadie ha demostrado, nadie, que la presencia de los jóvenes fuera en otro sentido. Aún si se presume su simpatía con el movimiento armado, misma que muchos compartimos, hasta el día de hoy tampoco nadie ha demostrado que eso sea un delito, en todo caso es una opinión igual de respetable que quienes critican acremente a las FARC y la cual debe ser dirimida en el campo de los argumentos, no de las prisiones.

Es decir. El día de hoy de los más que puede acusar el gobierno colombiano a Lucía Morett, es de ser una simpatizante de las FARC. Aún esto no ha sido capaz de demostrarlo pues la versión de la joven estudiante universitaria es que se encontraba, junto con sus compañeros asesinados, realizando una investigación académica, misma a la que tenían todo el derecho.

Sin embargo en Sucumbíos sí se cometieron delitos que permanecen impunes. Fueron asesinadas varias personas, entre ellas cuatro estudiantes mexicanos (Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Sorén Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado), los que no estaban sometidos a ningún proceso judicial, a quienes jamás se les comprobó delito alguno, que tampoco tuvieron posibilidad alguna de defenderse. Estudiantes todos ellos apreciados y respetados por compañeros y profesores, en plenitud de su vida, que fueron masacrados por un bombardeo militar, según la versión de la única sobreviviente (que hasta ahora nadie ha podido demostrar su falsedad) por realizar una investigación académica. Según la versión del gobierno colombiano, en caso de ser simpatizantes de las FARC, fueron asesinados por sus ideas, ya que nadie ha probado su participación activa en el grupo armado o la comisión de algún delito (estar en el campamento no significaba delito alguno). Y aún si supusiéramos que pertenecían activamente a las FARC (lo cual es imposible pues vivían en México y no llevaban siquiera dos meses fuera del país) merecían un juicio justo y no un asesinato vil. Incluso se habla de que algunos de los heridos por el bombardeo recibieron del ejército colombiano el tiro de gracia.

Además se invadió un territorio nacional por un ejército de un país distinto lo que violenta el derecho internacional y puso al borde de la guerra a un sector de nuestro continente.

Esos delitos no han sido juzgados, no se ha castigado a los autores materiales (militares colombianos) ni intelectuales (el gobierno y los altos mando del ejército colombiano) a pesar de que tanto unos como otros se encuentran confesos de sus crímenes.

Sin embargo hoy se pretende enjuiciar a Lucía Morett y tienen el cinismo de solicitar su extradición. En un acto deleznable el gobierno asesino y militarista de Colombia expresa que ante la incapacidad de haber asesinado a todos los que se encontraban en el campamento, hoy pide la detención de los sobrevivientes en un burdo y claro ejemplo de querer borrar las huellas de su delito, y el gobierno mexicano yace incapaz de manifestarse con la caridad que el caso exige, navegando entre la apatía y la complicidad.

Sin embargo el caso es más que claro, Si Lucía Morett y sus compañeros estaban realizando una investigación académica no hay absolutamente nada que argumentar por parte del fascista Estado colombiano como un delito. Si eran además simpatizantes de las FARC, no hay tampoco ningún delito que perseguir. Y en todo caso el Estado Mexicano deberá defenderla de las pretensiones fascistas del gobierno de Uribe, así lo exige nuestra Constitución.

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público

De ambos artículos se puede dilucidar que aún si los jóvenes asesinados en Sucumbíos y la sobreviviente Lucía Morett fueran simpatizantes de las FARC, mientras no cometieran ningún ilícito, el ser simpatizantes nos los puede (según las leyes mexicanas) hacer acreedores a pena judicial alguna (según el artículo sexto Constitucional) y por otro lado todo individuo en los Estados Unidos Mexicanos gozará de las garantías que otorga nuestra Constitución (artículo primero) por lo que Lucía Morett debe ser protegida por el Estado Mexicano bajo la observación de que, de no ser así, éste estaría violando nuestra Constitución.

Por otro lado el Estado Mexicano tiene la obligación de velar por la vida e integridad de los mexicanos aún en el extranjero y se debe exigir justicia por los asesinatos de Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo, Sorén Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado, más aún si su asesinos, tanto materiales como intelectuales, se encuentra confesos y aún caen en el cinismo de querer enjuiciar a la sobreviviente.

¿Qué hubiera hecho el Estado Mexicano si en una investigación académica y/o periodística, por imaginar un poco, Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze hubieran acudido a una entrevista con el número 2 del gobierno colombiano, para investigar la guerra que allí se gesta, y en un ataque sorpresivo de las FARC uno fuera asesinado y al sobreviviente todavía lo reclamara la guerrilla a cuentas?

Se que suena inverosímil la idea, pero si ocurriera, el gobierno mexicano pediría todo el castigo a las FARC y por nada del mundo imaginaría siquiera entregar al sobreviviente. Este ejemplo es imposible porque las FARC no actúan, ni por asomo, con el salvajismo y la estupidez con la que si actúa el gobierno de Uribe.

Lucía Morett y los demás jóvenes no se encontraban en la zona de conflicto, en cuyo caso habrían asumido los riesgos que ello conlleva, ni siquiera se encontraban en el país en conflicto, realizaban una investigación académica en cuyo caso, si simpatizaban o no con alguno de los polos del conflicto, debe ser lo de menos. Sus agresores y en su caso asesinos deben ser castigados, el gobierno mexicano debe brindar a Morett la protección que las leyes le obligan y nosotros como pueblo, toda nuestra solidaridad. Bajo ninguna condición podemos pensar siquiera en permitir que sea entregada a asesinos confesos, para los que la cárcel es el mínimo de los castigos que merecen.