Las muertes del ABC.
México DF a 9 de junio de 2009.
Nuevamente el país se ve envuelto en una tragedia, y por desgracia ahora los afectados son los niños que perecen calcinados en el incendio de la guardería infantil ABC. Al respecto hay un artículo sumamente interesante en el Astillero de hoy de Julio Hernández López. Más allá de la desgracia, el suceso debe servir en dos sentidos fundamentales. El primero es castigar a los culpables, la impunidad es un abono para el cultivo de tragedias como la que desgraciadamente ocurrió. El segundo es el análisis de las causas de la tragedia para implementar medidas preventivas y correctivas.
En cuanto a lo primero la tarea será de gran trascendencia pues en el incidente de ABC se encuentra involucrada de manera directa la familia PRIANista de Sonora, incluso familiares directos de la esposa del presidente Calderón, es decir, su familia política. Hay que ver a que nivel se llevan las responsabilidades y hay que exigir las sanciones que la ley prevea para todos los involucrados, caiga quien caiga.
Lo segundo es de igual importancia, evitar que esto se repita.
Por principio de cuentas el evento de Sonora ha dejado clara la privatización de la seguridad social y como ésta beneficia a la clase política que la lleva a cabo en detrimento de la población. De las 88 estancias infantiles que el IMSS “maneja” en Sonora, 77 se encuentran bajo el régimen de subrogación, es decir, concesionadas al sector privado. Además ¿coincidencia? La inmensa mayoría están subrogadas al mismo grupo de poder, vinculado consanguíneamente con la familia del poder local priísta en Sonora y la del poder federal panista. Lo anterior habla por un lado de los riesgos de la privatización y del tráfico de influencias que trae consigo para apoyar a los privatizadores. De seguro no habrá influido mucho en ellos los $2000 por niño que paga el IMSS a los concesionarios. Debemos acabar con la privatización de la seguridad social.
La vida humana es hoy una mercancía más, no importa si es la vida de niños en estancias infantiles, de adultos mayores en asilos, de jubilados y pensionados, de trabajadores mineros en infrahumanas condiciones de trabajo, o de policías municipales que si no se corrompen son asesinados en la guerra contra el narco. La vida es para nuestro gobierno y para el sistema una mercancía que a veces trae dinero en efectivo y en otras apoyo político o empresarial, al final la ventaja obtenida vale más que las vidas perdidas, sobre todo si son de gente humilde. Eso nos lleva a concluir que solo cambiando de fondo el sistema se evitarán estás tragedias.
La lentitud de reacción del aparato gobernante enferma y asombra. Hasta hoy no hay detenidos. Tampoco ha habido las renuncias que por lógica deberían de haber en el gobierno local y federal. Debemos crear leyes más severas en cuanto a las responsabilidades de servidores públicos. No puede quedar al libre arbitrio de los funcionarios, si renuncian o no, si son sancionados o no. Los criminales no pueden tener el derecho de autojuzgarse.
Si no queremos que lo del ABC de Sonora se repita, el castigo debe ser ejemplar. Se debe acabar con la privatización de la seguridad social. Se debe investigar a nivel nacional cuantas estancias más están subrogadas y cuántas de ellas a políticos y sus familias sancionando el claro tráfico de influencias que esto representa. Las sanciones a los dueños de ABC deben ser ejemplares. Debemos revisar las condiciones mínimas de operación de estancias infantiles a nivel nacional así como de asilos y otros espacios de personas que en estado de indefensión se enfrentan a estos lobos depredadores del sistema.
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